- Una modificación a la medida permitió que María José Hernández Raleigh, sobrina de la esposa del gobernador y recién egresada de la Universidad Anáhuac Mayab, pudiera asumir la dirección de la Oficina de Convenciones y Visitantes
Por Lester A. Wilson // #Tabasco || Una tarde de octubre de 2024, el acta de la quinta modificación al reglamento de PROMOTUR se aprobó sin mayor resistencia. En apenas unas líneas, desaparecieron tres requisitos que durante dos décadas habían blindado el cargo de director general: tener más de treinta años, acreditar al menos una década de experiencia comprobada en el sector turístico y contar con estudios de posgrado.
Aquel cambio no fue un tecnicismo burocrático. Permitió que María José Hernández Raleigh, sobrina de la esposa del gobernador Javier May y recién egresada de la Universidad Anáhuac Mayab, pudiera asumir la dirección de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y simultáneamente la dirección general de PROMOTUR, el fideicomiso encargado de administrar más de treinta millones de pesos al año para la promoción turística de Tabasco.
El movimiento contó con el aval del entonces presidente de la Asociación de Hoteles, Raúl Soberano, cuya firma aparece en el acta. En la práctica, no se trató de un nombramiento técnico, sino de un ejercicio de nepotismo institucionalizado.
📢PROMOTUR: de herramienta de desarrollo a caja discrecional
El fideicomiso de PROMOTUR nació con la misión de articular esfuerzos públicos y privados para posicionar a Tabasco como destino turístico. Su diseño original incluía filtros para garantizar perfiles experimentados y mecanismos de transparencia, como la publicación de actas y estados financieros trimestrales.
Con un presupuesto que en 2025 supera los 32 millones de pesos, PROMOTUR concentra recursos significativos:
Solo el 15% se destina a sueldos y gastos operativos.
El resto, unos 27,5 millones, queda disponible para actividades de promoción, ferias y eventos.
En teoría, esos fondos deberían generar un retorno medible en ocupación hotelera, visitantes y derrama económica. En la práctica, los indicadores muestran estancamiento o retroceso:
La ocupación hotelera en Tabasco sigue a la baja.
El número de pasajeros aéreos disminuye.
No se han visto campañas de alcance nacional que reposicionen el destino.
El vacío de transparencia
Desde que Hernández Raleigh asumió, la página oficial de la OCV no publica actas de sesión del fideicomiso. La última disponible data de septiembre de 2024. El apartado de “rendición de cuentas” muestra información hasta el 31 de agosto de 2024 y luego salta directamente al primer trimestre de 2025, borrando cuatro meses de actividad sin justificación.
Ese vacío documental no significa que no se hayan celebrado reuniones. De hecho, se han realizado sesiones con la presencia del nuevo presidente de la Asociación de Hoteles, Alberto Zurita (Tabasco Inn), pero ninguna ha quedado registrada públicamente.
La ausencia de actas impide conocer:
⚠El cierre financiero de 2024.
Las decisiones estratégicas tomadas en ese periodo.
El destino de recursos en eventos clave, como el Festival del Chocolate 2024, que tuvo un presupuesto de 10 millones de pesos sin rendición de cuentas conocida.
Un gasto que se concentra en viajes y eventos
El análisis del segundo trimestre de 2025 revela una distribución presupuestal llamativa:
—$10 millones para el Festival del Chocolate 2025, sin informe de la edición anterior.
—$800 mil para un viaje a FITUR 2026, en Barcelona.
—$3 millones para ferias nacionales (87% gastado en seis meses).
—$2 millones para ferias internacionales (35% gastado).
—$1,4 millones para producción de vídeos promocionales.
—$900 mil para material promocional.
—$5,4 millones para atracción y atención de eventos, aunque organizadores locales reportan apoyos limitados o meramente simbólicos.
Según testimonios del sector, las agencias de viajes y guías turísticos no han sido convocados ni integrados a estas estrategias. Los viajes y representaciones se han concentrado en la propia directora y el presidente hotelero.
Un impuesto que crece… y un sector que calla
En 2025, el impuesto de hospedaje aumentó. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley de Desarrollo Turístico, el 100% de lo recaudado debe destinarse al Fondo de Promoción.
El incremento debería haber ampliado la bolsa de PROMOTUR, pero no existe información pública que muestre cómo se ha utilizado ese excedente.
El silencio de las dirigencias hoteleras, tanto la anterior como la actual, resulta significativo. Nadie ha cuestionado la falta de rendición de cuentas, lo que sugiere un pacto tácito en torno al uso discrecional de los recursos.
📢El patrón detrás del caso
El episodio de la OCV no es un hecho aislado. Responde a un patrón recurrente en la gestión pública mexicana:
—Captura institucional: órganos técnicos ocupados por perfiles leales, no por especialistas.
—Erosión normativa: cambios legales o reglamentarios para acomodar nombramientos.
—Opacidad deliberada: supresión o retraso de información clave.
—Cofradía sectorial: complicidad de actores privados que deberían fungir como contrapeso.
En el corto plazo, esta dinámica degrada la eficacia de las políticas públicas. En el largo plazo, mina la confianza ciudadana y ahuyenta inversiones.
Tabasco frente a la competencia
Otros estados del sureste —Yucatán, Quintana Roo, Campeche— han convertido sus fideicomisos turísticos en plataformas de promoción global. Sus campañas se despliegan en ferias internacionales con resultados tangibles: incremento de vuelos, crecimiento en ocupación hotelera, diversificación de mercados.
Tabasco, con recursos similares en algunos rubros, no muestra la misma correlación entre inversión y resultados. Las cifras de ocupación hotelera y flujo de visitantes evidencian una desconexión entre el gasto y la realidad del mercado.
📢Una joya opaca
La OCV y PROMOTUR deberían ser motores de desarrollo económico, capaces de articular a gobierno y sector privado en torno a un objetivo común: atraer visitantes y generar derrama.
Sin embargo, la forma en que se modificaron las reglas para permitir un nombramiento cuestionado, la ausencia de información pública y la orientación del gasto hacia viajes y eventos con impacto incierto, dibujan un escenario en el que el turismo es menos una política de Estado que un botín administrativo.
Mientras no se restablezcan filtros técnicos, transparencia obligatoria y evaluación de resultados, la “joya de la corona” seguirá brillando, pero solo para quienes tienen acceso a su cofre.