Pese a irregularidades millonarias, morenistas aprueban cuenta pública de Merino, aliado de Adán Augusto

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La diputada de MC, Patricia Lanestosa exhibió las graves observaciones: solo solventó el 18.37% de más de mil 255 millones de pesos en irregularidades

#Villahermosa, #Tabasco || La diputada Patricia Lanestosa Vidal denunció irregularidades graves en la Cuenta Pública 2024 del Poder Ejecutivo de Tabasco, al revelar que solo se auditó el 44.45% de los egresos estatales y que, de los 266 hallazgos detectados, apenas se solventó el 18.37% del total, equivalente a más de $1,255 millones.

 

A pesar de las múltiples observaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, resolvió dictaminar en sentido aprobatorio la cuenta pública del exgobernador interino Carlos Manuel Merino Campos, el cuate y aliado de Adán Augusto López Hernández, ambos señalados de proteger al entonces secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, quien desde esa dependencia creó el grupo criminal “La Barredora”. La mayoría de Morena y aliados decidieron dar el visto bueno a la cuenta en cuestión.

 

Fue la legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Lanestosa, quien dio a conocer durante su intervención las severas irregularidades: adeudos al Instituto de Seguridad Social por más de $27 millones, pagos indebidos a servidores públicos, percepciones no autorizadas y pagos a personal eventual sin sustento legal. “No podemos avalar un dictamen donde apenas se ha aclarado una mínima parte de los recursos observados. Cada peso sin comprobar representa derechos que no se cumplen”, enfatizó.

 

Lanestosa detalló que las irregularidades abarcan todos los rubros del gasto público: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y obra pública. Se detectaron adquisiciones de bienes no localizados físicamente, facturas previas a licitaciones, obras con irregularidades físicas o montos excesivos, e incluso afinidad de primer grado entre proveedores y funcionarios. “La fiscalización no puede limitarse a señalar fallas; debe corregir errores y garantizar que los recursos beneficien a la ciudadanía”, agregó.

 

En el sector educativo, las observaciones también fueron contundentes. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco tiene un saldo pendiente de más de $168 millones, mientras que la Universidad Tecnológica y el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos acumularon múltiples observaciones, incluyendo pagos de combustible a vehículos fuera de servicio y servicios sin contratos. Lanestosa reiteró que la aprobación del dictamen no debería haberse realizado hasta solventar las irregularidades y subrayó que “no se trata solo de aprobar cifras, sino de proteger los recursos de los tabasqueños y garantizar la transparencia”.

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