- Al gobernador le solicitó acciones para crear un laboratorio de ADN que agilice las identificaciones
- Además, propuso reformar el Código Penal en caso de homicidio calificado para incluir agravantes específicas
Redacción EMI || Villahermosa, Tabasco.- El diputado de MC, Gerald Washington Herrera Castellanos, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Fiscalía General del Estado y al gobernador de Tabasco, para que tomen medidas urgentes en el contexto de las desapariciones forzadas y el hallazgo de fosas clandestinas en la entidad.
Herrera Castellanos solicitó que el Fiscal General del Estado informe de manera puntual a la opinión pública, durante las conferencias de prensa del gobernador, sobre el total de fosas clandestinas localizadas en Tabasco desde años anteriores y el número actual de personas desaparecidas. Además, destacó la necesidad de transparentar estos datos, debido al aumento de casos en los últimos años, particularmente en los municipios de Huimanguillo, Centla, Cárdenas y Teapa.
En la sesión del Congreso local, el legislador también urgió al gobernador de Tabasco a tomar acciones para que, en el mediano plazo, el estado cuente con un laboratorio de ADN. Esta medida, señaló Herrera Castellanos, es fundamental para agilizar y facilitar la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas y así brindar justicia a las víctimas y sus familias.
REFORMA AL CÓGIGO PENAL
Con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica y fortalecer el sistema de justicia, el Diputado de Movimiento Ciudadano, Gerald Washington Herrera Castellanos, presentó una iniciativa para reformar el artículo 112 del Código Penal del Estado de Tabasco, con el objetivo de definir con mayor claridad las circunstancias que configuran el homicidio calificado.
Actualmente, el Código Penal establece penas de 20 a 50 años de prisión para este delito, pero no detalla las condiciones que lo califican, lo que genera ambigüedades jurídicas. Herrera Castellanos destacó que esta falta de precisión dificulta la correcta aplicación de la ley y obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.